Se informó que el Estado argentino deberá pagar los honorarios de los abogados defensores de Cristina Kirchner y otros exfuncionarios en la causa Vialidad, debido a que la demanda civil por daños y perjuicios prescribió por inacción de los abogados del Estado.
La causa penal culminó con una condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación, y un decomiso de bienes. Sin embargo, la demanda civil, iniciada en 2018 para recuperar fondos presuntamente desviados y resarcir al Estado, fue desatendida por los abogados estatales a lo largo de los años.
La prescripción de la demanda civil implica que el Estado no solo no recuperará los fondos, sino que además deberá afrontar los costos del juicio, incluyendo los honorarios de los abogados de los demandados, estimados en alrededor de 10 millones de dólares.
Se mencionó que esta inacción por parte de los abogados del Estado se ha visto tanto en la gestión de Alberto Fernández como en la de Javier Milei, y que la falta de impulso en los procesos civiles, donde los jueces no actúan de oficio, llevó a la caducidad de la causa.