Representantes de la industria pesquera argentina solicitaron al gobierno nacional que limite las licencias británicas y aplique sanciones a la pesca en aguas en disputa, argumentando que si las concesiones petroleras en territorio reclamado son ilegítimas, la pesca también debería serlo.
El planteo se basa en la reafirmación de la soberanía sobre el mar argentino y el territorio adyacente a las Islas Malvinas. La industria pesquera denuncia que las exportaciones pesqueras generan mil millones de dólares para el Reino Unido y que la pesca se realiza en aguas argentinas.
Paralelamente, se investiga a la empresa Harbor Energy (anteriormente Premier Oil), sancionada en 2013 e inhabilitada para operar en Argentina hasta 2028, por presuntamente haber cambiado de nombre para continuar operando en el país. La denuncia, realizada por el legislador Maximiliano Ferraro, señala que ambas empresas estarían inscritas bajo el mismo número de registro, sugiriendo una maniobra para eludir la sanción.
La situación es relevante porque Harbor Energy forma parte de consorcios clave para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina. Las otras empresas del consorcio están a la espera de la respuesta de Harbor Energy para definir si continuará operando en el país.