La jueza Claudia Greco ha generado controversia al suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida, que busca proteger los derechos de los menores infractores, ha sido criticada por considerarse que podría generar impunidad y no abordar adecuadamente la problemática de la reincidencia delictiva.
Greco, quien anteriormente se desempeñó como funcionaria en el gobierno provincial y recibió distinciones de intendentes peronistas, argumenta que la suspensión se debe a la falta de previsión sobre el posible hacinamiento en los centros de detención y al potencial aumento de la violencia. Sin embargo, expertos legales y políticos señalan que la jueza estaría extralimitándose en sus funciones al frenar una ley nacional y que su decisión se basa en consideraciones abstractas y no en casos concretos.
La provincia de Buenos Aires había recibido fondos significativos para adecuar la infraestructura necesaria para la implementación del nuevo régimen. La decisión de Greco ha reavivado el debate sobre la seguridad, la justicia y el rol de los jueces en el sistema penal, así como la posible influencia política en sus resoluciones.