Una jueza de primera instancia en la provincia de Buenos Aires solicitó una reunión para el 16 de septiembre a las 10 de la mañana en su juzgado. El objetivo es que todos los involucrados en la aplicación de la ley de minoridad presenten información sobre el proceso y los establecimientos previstos para la implementación.
La jueza expresó preocupación por las consecuencias futuras de bajar la edad de imputabilidad, advirtiendo que detener y prender a menores puede resultar en una situación peor a largo plazo. Por ello, busca entender cómo se llevará a cabo la ley.
La magistrada considera que bajar la edad de imputabilidad no es la medida correcta y señaló que no respetar los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias negativas para la sociedad. Se espera la reacción de la senadora Patricia Bullrich, impulsora de la ley.
La jueza dictaminó la suspensión preventiva de la ley en la provincia de Buenos Aires por 60 días, a la espera de posibles apelaciones. La medida fue solicitada por la organización Federación Familia Grande Hogar de Crisos y tiene incidencia colectiva.