La jueza Marta Pascual suspendió por dos meses la aplicación de la nueva ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la provincia de Buenos Aires. La jueza argumentó que no existen las condiciones materiales, profesionales e institucionales para alojar a los menores detenidos, y que hacinarlos podría incrementar la inseguridad y la violencia.
La decisión se basó en un habeas corpus colectivo presentado por la fundación Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La jueza considera que encarcelar a los menores en las condiciones actuales sería contraproducente y podría generar más delincuencia a futuro.