Una jueza de la justicia bonaerense, Marta Elba Pascual, ordenó suspender la aplicación de la nueva ley penal juvenil por 60 días. La magistrada argumenta que los dispositivos de la provincia de Buenos Aires no están en condiciones de aplicarla, lo que podría generar sobrepoblación y vulnerar los derechos de los adolescentes.
La jueza convocará a una audiencia para dialogar con el Poder Ejecutivo bonaerense sobre la implementación de la ley. La medida reaviva las críticas al Gobierno Nacional por la falta de recursos en las provincias para cumplir con la ley. El fallo, que aceptó un hábeas corpus, podría replicarse en otras provincias.
La ley, aprobada en febrero, baja la edad de imputabilidad a 14 años. Sin embargo, organismos como UNICEF han advertido que la baja de la edad no garantiza mejores condiciones de reinserción y que la falta de recursos y lugares adecuados para alojar a los menores es un problema crítico.