La jueza Claudia Greco emitió un polémico fallo suspendiendo la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. La magistrada argumenta que el hacinamiento de menores infractores podría aumentar la violencia, basándose en una apreciación preventiva y no en un caso concreto.
Expertos legales y analistas cuestionan la decisión de Greco, señalando que la jueza podría estar actuando de forma abstracta y anticipándose a situaciones que aún no han ocurrido. Se argumenta que la ley busca ofrecer alternativas a la prisión y promover la resocialización de los menores, y que la suspensión de la misma podría ser un retroceso.
La jueza basaría su fallo en el temor a que los menores, al ser alojados en los centros de detención, sufran vulneraciones de sus derechos. Sin embargo, se critica que no se están considerando las estadísticas y la progresión de la ley, que contempla la prisión como último recurso. La controversia se centra en si la jueza está protegiendo a los delincuentes en lugar de a las víctimas.