Se cuestiona la efectividad de las medidas punitivas para combatir el delito, argumentando que el aumento de penas no ha demostrado ser una solución. Se critica la falta de acción de la justicia y se menciona el caso de San Isidro, donde Carrió denunció el amparo al narcotráfico por parte de fiscales y políticos de la misma alianza.
Se señala que el problema de la inseguridad no se resuelve únicamente con más poder policial o penas más severas, sino que requiere una profunda reforma del sistema judicial y una voluntad política real para desmantelar las redes de corrupción que operan en conjunto con el crimen organizado.