La nueva ley de minoridad penal busca reducir la violencia en adolescentes infractores, pero genera dudas sobre su aplicabilidad en la realidad argentina.
Se discute que, si bien la ley estipula penas y sanciones alternativas a la prisión, como arresto domiciliario o trabajo comunitario, su efectividad es cuestionada por la falta de control en su cumplimiento.
Un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires señala que la ley parece "hecha para Finlandia", ya que no se contemplan los entornos de vulnerabilidad en los que viven muchos de estos jóvenes, como familias involucradas en delitos.
Se propone que el éxito de la ley dependerá de la creación de una red de contención que incluya supervisores, organizaciones educativas y sociales, y que se focalice en delitos leves y medios para ofrecer una oportunidad socioeducativa y restaurativa.