La nueva ley penal juvenil argentina busca ofrecer una oportunidad socioeducativa a adolescentes en conflicto con la ley, especialmente en delitos leves y medios, para reducir la violencia.
Se crearán redes de contención a través de supervisores, organizaciones educativas, clubes y entidades religiosas para apoyar a estos jóvenes.
Para delitos graves, la ley contempla penas de prisión, pero el Ministerio Público Fiscal se compromete a ser firme en su aplicación, mientras se apuesta por brindar oportunidades en casos menos severos.