La nueva ley penal juvenil argentina contempla sanciones alternativas a la prisión para delitos leves y medios, como arresto domiciliario o trabajo comunitario.
Para delitos graves, la ley estipula penas de prisión, pero se considera la última ratio y se priorizan métodos restaurativos para la resocialización de los adolescentes.
Se destaca la importancia de la implementación de la ley y la creación de redes de contención para jóvenes en conflicto con la ley penal.