La nueva ley penal juvenil argentina reduce la edad de punibilidad a 14 años, permitiendo que adolescentes cometan delitos que antes quedaban impunes.
Se discute la efectividad de las sanciones alternativas y la falta de controles para asegurar el cumplimiento de las medidas, especialmente en el contexto social de los jóvenes infractores.
La ley contempla penas de hasta 15 años para delitos graves, pero se priorizan métodos restaurativos para la resocialización.