Se analiza la reciente implementación del nuevo régimen penal juvenil en Argentina, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo juzgar y condenar a menores de hasta 15 años de prisión.
Se detallan las penas posibles, que incluyen prisión, tareas comunitarias, reparación del daño, prohibición de acercamiento y monitoreo electrónico. Se aclara que la medida no tiene efecto retroactivo y rige desde el 5 de septiembre.
Surgen dudas sobre la suficiencia de los recursos destinados a las provincias para aplicar esta ley, a pesar de que se asignaron 23 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil millones irán a la Defensoría General de la Nación y el resto al Ministerio de Justicia.
Se citan críticas de organismos como UNICEF, que advierten sobre la falta de evidencia en otros países sobre la efectividad de bajar la edad de imputabilidad y señalan que puede dificultar la reinserción social de los jóvenes en términos de estudio y trabajo.