Entró en vigencia el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, buscando adecuar la respuesta penal a la madurez de los adolescentes.
Se establecen sanciones no carcelarias para delitos menores y se prevé la responsabilidad económica de los padres. Sin embargo, persisten desafíos en la infraestructura y la formación de personal para albergar a menores en centros especializados y evitar la mezcla con adultos, así como la implementación efectiva de medidas como el monitoreo electrónico.