Fernando Soto, abogado y asesor del Ministerio de Seguridad, confirma que se ha presentado una denuncia contra la jueza Marta Pascual por su accionar respecto a la ley penal juvenil.
Soto explica que la jueza no tiene facultades para derogar una ley, sino que en todo caso podría declararla inconstitucional en un expediente concreto, y que su resolución se basa en "futurología y decisión política" sin pruebas contundentes.