Se criticó duramente la decisión de la jueza Pascual de no aplicar la ley penal juvenil, argumentando que se basó en "futurología" y no en pruebas concretas.
El abogado Fernando Soto cuestionó la interpretación de la jueza sobre convenios internacionales y la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Se señaló que su accionar podría generar más delincuentes en libertad.
Se sugirió que la jueza podría haber actuado por motivos políticos o ideológicos, en lugar de basarse en criterios jurídicos sólidos. La falta de recursos y la burocracia también fueron mencionados como obstáculos para una justicia efectiva.