Se critica a la jueza Marta Pascual y a un grupo de juristas afines a Zaffaroni por priorizar los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas, tildándolos de "casta judicial" con una visión garantista.
Se argumenta que esta postura, que busca evitar el encierro de menores infractores, genera impunidad y va en contra de la voluntad popular expresada en la nueva ley penal juvenil.