Se discuten las implicancias de una ley que baja la edad de punibilidad de los 18 a los 14 años para ciertos delitos cometidos por adolescentes.
Se advierte que esta ley, considerada rudimentaria y burda, podría generar un colapso en el sistema judicial y en los dispositivos de encierro, ya que la primera respuesta punitiva no implicaría el encarcelamiento, pero sí la segunda vez que los jóvenes se involucren en conflictos.
Se subraya la necesidad de dispositivos interdisciplinarios para gestionar la creciente cantidad de conflictos que llegarán a los fueros de responsabilidad penal juvenil.