Se analizan las posibles consecuencias para la jueza Marta Pascual tras su polémica resolución, incluyendo la presentación de una denuncia penal por parte de la organización "Usina de Justicia".
Se argumenta que la jueza usurpó funciones al legislar para toda la provincia y se excedió en su autoridad, lo que podría derivar en un juicio político y su destitución.