Un analista expresó tener observaciones sobre la fundamentación de la ley de imputabilidad, pero en general está de acuerdo con su sanción. Señaló que para evaluar su efectividad como política pública se requiere un análisis a largo plazo (al menos un trienio) con indicadores serios de seguridad, criminología y otros factores interdisciplinarios.
El analista advirtió que la sanción de una ley no cambia la realidad automáticamente. Si las instituciones del Estado no cuentan con las herramientas necesarias para su implementación, la ley puede caer en saco roto. Jueces podrían desestimar casos o aplicar medidas alternativas, sorteando la aplicación de la ley. Además, la falta de recursos y personal en distintos departamentos judiciales genera disparidad en la aplicación de la ley, creando dos realidades distintas.