La ley penal juvenil argentina, que establecía la edad de imputabilidad a los 16 años, se compara desfavorablemente con la de otros países, donde la mayoría tiene una edad de imputabilidad de 14 años.
Esta diferencia se considera anómala, especialmente porque los menores son cada vez más conscientes de sus actos delictivos y la falta de sanciones los incentiva a continuar en ese camino. El fallo de la jueza de Lomas de Zamora agravaría esta situación.