El gobierno argentino ha tomado medidas enérgicas para defender la soberanía sobre las Islas Malvinas y prevenir la explotación petrolera por parte de empresas británicas.
Mediante el decreto 868 de 2026, se designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la ley 26.659, fortaleciendo la detección temprana de violaciones a la ley. Además, se exige a los representantes legales de los proyectos presentar una declaración jurada asegurando el cumplimiento de la ley.
El DNU 867 de 2026 amplía los recursos del Ministerio de Defensa para la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el aumento de capacidades en telecomunicaciones e inteligencia. Se enviará al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional para endurecer penas y prohibir contratos con compañías infractoras.
Se creó el Consejo de Seguridad Nacional para definir y coordinar la política de seguridad. Adicionalmente, se presentó una denuncia penal contra las empresas involucradas en la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte.