Se califica como "fallo político" la suspensión de la ley penal juvenil por parte de la jueza, comparándola con acciones previas de otros jueces hacia gobiernos anteriores.
Se reitera la falta de infraestructura y recursos como un problema, pero se cuestiona la potestad de un juez para frenar una ley aprobada por el Congreso.
Se plantea la duda sobre si la suspensión de la ley busca encubrir la inacción del poder ejecutivo o legislativo.