Se califica la postura de la jueza Marta Pascual como "ideológica" y parte de una "filosofía de vida" que prioriza a los delincuentes sobre las víctimas, en línea con figuras como Graboyes, Cristina Kirchner y Ofelia Fernández.
Se argumenta que esta visión garantista es la raíz del conflicto y que la jueza no debería tener la potestad de frenar una ley aprobada por el Congreso.