Se critica duramente la postura de la jueza Marta Pascual y se la vincula con el "kirchnerismo" y el "garantismo judicial". Se argumenta que estas políticas han generado un deterioro en la seguridad y han propiciado la delincuencia.
Se menciona que la jueza Pascual, junto a otros jueces y funcionarios, son responsables de la situación de violencia e inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Se cuestiona la inacción y las políticas implementadas por el gobierno provincial y nacional en materia de seguridad.
El segmento hace hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma, alejándose de las políticas garantistas y adoptando medidas más estrictas para combatir la delincuencia, especialmente la juvenil.