Se cuestiona la suspensión de la ley penal juvenil por parte de la jueza Marta Pascual, argumentando que la justicia debe aplicar las leyes aprobadas por el Congreso y no "voltarlas".
Se enfatiza la importancia de la división de poderes y se critica la decisión de la jueza de suspender la ley, a pesar de que el Congreso haya decidido bajar la edad de imputabilidad.