Se cuestiona la postura del gobierno de Javier Milei respecto a la ley penal juvenil, calificándola de mentira y demagogia punitiva. Se argumenta que la ley no se basa en datos concretos sobre el aumento de delitos cometidos por menores.
Se expone la opinión de María José Lescano, quien afirma que los casos de delitos graves cometidos por menores de 14 años no han aumentado y que la provincia de Buenos Aires ya cuenta con alrededor de 650 menores de 16 años privados de libertad.
Se critica la decisión de avanzar con la ley de baja de edad de punibilidad sin un diagnóstico real de la situación, y se señala que la jueza Marta Pascual suspende la aplicación de la ley por la falta de condiciones adecuadas para la detención de menores, no por oposición a la ley en sí.