La jueza que suspendió la ley penal juvenil ha sido criticada por su postura, la cual se considera "garantista" en un sentido perjudicial para las víctimas.
Se argumenta que esta corriente judicial, en lugar de proteger a las víctimas, busca la abolición del derecho penal. Se enfatiza que el delincuente elige su camino, mientras que la víctima es elegida, por lo que su protección debe ser primordial.
La nueva ley penal juvenil introduce un aspecto novedoso al responsabilizar civilmente a los padres por los daños causados por sus hijos menores, lo cual se considera un avance significativo ante la falta de patrimonio de los jóvenes.