Se cuestiona la actuación de la jueza Marta Pascual, sugiriendo que podría no estar completamente al tanto de sus propias resoluciones, lo cual se atribuiría a la posible intervención de secretarios de juzgado en la redacción de fallos.
Se expresa incredulidad ante la posibilidad de que una jueza no comprenda completamente las implicaciones de suspender o declarar inconstitucional una ley, como la ley penal juvenil.