Se cuestiona a la jueza Pascual sobre el contenido de su resolución, específicamente la suspensión de la aplicación de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Se señala que la resolución suspende la ley por 60 días y se sugiere que la jueza podría no tener claro el alcance o las implicaciones de lo que firmó, lo cual es motivo de crítica.