Se cuestiona la aplicación de una nueva ley penal juvenil ante la falta de infraestructura y mecanismos de reinserción, según el criterio de una jueza.
La jueza argumenta que sin estas condiciones garantizadas, la ley no sería beneficiosa y plantea la necesidad de un debate más amplio sobre el tema.
La decisión de suspender la ley por 60 días responde a la preocupación de que los jóvenes infractores no reciban el tratamiento adecuado y puedan reincidir.