Se sugiere que la jueza podría haber conminado a la Provincia de Buenos Aires a cumplir la ley penal juvenil e invertir en infraestructura, en lugar de suspenderla.
Se compara esta situación con la actuación de la justicia respecto a la ley universitaria, donde se obligó al cumplimiento.
Se cuestiona la decisión de la jueza, argumentando que existen otras vías para asegurar la aplicación de la ley.