Se discute la procedencia del habeas corpus presentado ante la jueza Marta Pascual para suspender la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Se menciona que la solicitud provino de una asociación vinculada a la Iglesia y al Padre Pepe.
Se pone en duda si la jueza tenía la facultad de suspender una ley nacional y se cuestiona la competencia territorial de su decisión, ya que la ley penal juvenil rige en todo el país.