Se cuestiona la decisión de la jueza Marta Pascual de suspender la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, calificando la actitud como "kirchnerismo zafaronista" y "modelo garantista para el delincuente".
Se contrasta esta postura con la del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien recordó que su provincia cuenta con fiscales y jueces especializados para aplicar la nueva ley, señalando que no hay falta de fondo ni de infraestructura.
Se critica el comportamiento de los gobernantes de la provincia de Buenos Aires, a quienes se tilda de "caras de piedra" por culpar a otros y desamparar a las víctimas.