Se debate si la suspensión de la ley penal juvenil por parte de la jueza Marta Pascual, a través de un habeas corpus, debería regir solo para los solicitantes o para toda la provincia de Buenos Aires.
La jueza argumenta la falta de condiciones para la aplicación de la ley, mientras que otros sectores sostienen que no puede suspender una ley votada por el Congreso.
El caso pone de relieve la tensión entre el Poder Judicial y el Legislativo, y la complejidad de implementar reformas en materia de seguridad y justicia.