La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad y la implementación de una reforma integral en el sistema de seguridad se vio marcada por la falta de recursos y la necesidad de coordinación entre los poderes.
Se planteó que no es suficiente una ley si no se acompaña con la infraestructura necesaria, la capacitación del personal y la asignación de fondos, aspectos que, según se mencionó, el gobierno de Javier Milei niega a la provincia de Buenos Aires.
La efectividad de las decisiones políticas y la necesidad de que los actores involucrados colaboren para garantizar su implementación fueron puntos centrales del debate. Se señaló la importancia de respetar las leyes sancionadas por el Congreso, como en el caso del financiamiento unitario y el régimen penal juvenil.