La suspensión de la ley penal juvenil por parte de una jueza de Lomas de Zamora ha generado un fuerte debate sobre sus implicancias y la posible apelación del fallo.
Se argumenta que dejar de aplicar esta ley, que busca beneficiar a los menores, es trágico, ya que estos podrían quedar en un limbo legal. La ley, fruto de un gran consenso, modifica aspectos importantes y responsabiliza civilmente a los padres por los daños que cometan sus hijos.
La medida cautelar de la jueza es vista con preocupación, ya que podría desestabilizar el sistema judicial y sentar un precedente negativo. Se espera que la Cámara de Apelaciones intervenga para corregir la situación y evitar un conflicto de intereses mayor.