Se debate la impunidad y la connivencia del Estado en la facilitación del delito, especialmente en el contexto de secuestros extorsivos. Se sugiere que la falta de acción estatal crea un "caldo de cultivo" para la delincuencia.
Se critica la normalización de la usura y la idea de que trabajar como prestamista es un "trabajo", enfatizando que es una actividad delictiva prohibida por la ley. Se hace un llamado a la claridad en la distinción entre el bien y el mal.
Se exige la intervención del presidente en materia de seguridad y se propone que los próximos candidatos presidenciales deben comprometerse con esta problemática. Se enfatiza la necesidad de que la agenda de seguridad sea prioritaria.