La defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, explicó las razones detrás de la suspensión de la ley penal juvenil, argumentando que la falta de infraestructura y recursos adecuados impide su correcta aplicación.
Señaló que la ley establece requisitos que no se han cumplido en la provincia de Buenos Aires, como la disponibilidad de lugares de alojamiento, equipos interdisciplinarios y la figura del supervisor.
Boeri enfatizó que la vulneración de derechos existe cuando no se garantizan las condiciones necesarias para implementar la ley, y que la suspensión busca asegurar que se cumplan los protocolos establecidos.