Se defiende la actuación de la doctora Marta Pascual, quien frenó la Ley Base mediante una medida cautelar. Se argumenta que, si bien puede haber desacuerdo con su posición, su accionar es legal y se basa en recursos jurídicos disponibles.
Se explica que la jueza actuó dentro de sus facultades al interponer un recurso de amparo, lo cual es una potestad del poder judicial. Se diferencia esta acción de un impedimento o de una inconstitucionalidad, y se subraya que su decisión, aunque controvertida, se ajusta a la legalidad.