Se denuncia el abandono y la precarización de los excombatientes de Malvinas y el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, cuyos salarios son significativamente inferiores a los de los legisladores y funcionarios de seguridad.
Se cuestiona la disparidad salarial entre un comisario y un general, argumentando que la defensa nacional es fundamental y no debe ser menospreciada.
Se señala la fuga de personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad debido a los bajos sueldos, lo que representa un problema grave para la defensa del país.
Se critica la falta de acción de los legisladores para garantizar créditos accesibles a tasas bajas para los veteranos de Malvinas, quienes arriesgaron su vida por la patria.