La suspensión de la ley penal juvenil por 60 días plantea un dilema: mantener a los menores peligrosos en un sistema insuficiente o liberarlos.
Se esperaba un nuevo paradigma con la ley, que garantizara la seguridad de las familias al mantener a los jóvenes infractores dentro del sistema.
La falta de infraestructura y recursos es el principal obstáculo para la implementación de este nuevo paradigma.