Se critica la ineficacia de la justicia penal para abordar los casos de prestamistas y usura, argumentando que el Estado no ejerce control sobre estas actividades.
La falta de regulación permite que operen financieras con tasas usurarias, generando presión y extorsión sobre los deudores.
Se considera que abordar cada caso de forma individual es imposible y se señala la necesidad de una intervención estatal más efectiva.