Se debate la suspensión de la ley de imputabilidad juvenil por 60 días en Lomas de Zamora por parte de la jueza Pascual, quien argumenta la falta de infraestructura y la posible violación de derechos de los menores infractores. La medida ha generado fuertes críticas, acusándola de priorizar a los delincuentes.
La jueza de ejecución penal Julia Márquez cuestiona el fallo, indicando que la jueza Pascual actúa por prejuicio y sin informes previos, y que la ley busca reducir la delincuencia. Se señala que la provincia de Buenos Aires, gobernada por Kicillof, tiene una sobrepoblación carcelaria del 61% y que la falta de recursos se atribuye a las políticas económicas del gobierno nacional de Javier Milei.
Se critica la inacción del gobierno provincial durante los 180 días previos a la entrada en vigencia de la ley, así como la falta de preocupación de la jueza Pascual por las víctimas y la inseguridad generalizada en la provincia. Se subraya que la suspensión de la ley deja a los delincuentes menores en la calle, aumentando la sensación de impunidad.