La falta de infraestructura y recursos para implementar la nueva ley penal juvenil es el principal argumento de la jueza para suspenderla por 60 días.
Legisladores y operadores judiciales coinciden en la necesidad de contar con los medios adecuados para aplicar la ley, pero discrepan sobre la decisión de la magistrada.
Se señala que la Provincia de Buenos Aires tuvo tiempo para prepararse y adecuar su infraestructura, pero no lo hizo.