El fiscal de San Isidro, Andrés Zárate, anunció que aplicará el nuevo régimen penal juvenil a pesar del fallo de la jueza Marta Pascual que ordenó su suspensión en la provincia de Buenos Aires. Zárate cuestionó la resolución judicial, considerándola sin alcance general, y afirmó que continuará aplicando la legislación vigente.
La jueza Pascual suspendió la aplicación de la ley 27801 por 60 días en la provincia, argumentando falta de recursos y estructura para su implementación. Esta decisión generó un fuerte debate político, con cruces entre el jefe de gabinete de Diego Santilli y el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso. Santilli criticó el "silencio de Kicillof" y acusó al gobernador de estar "del lado del delincuente". Alonso, por su parte, instó a Santilli a centrarse en su trabajo y a devolver recursos a la provincia.
La polémica se agrava por la posibilidad de que fiscales de otras jurisdicciones o incluso de la misma jurisdicción de Lomas de Zamora apelen la resolución, creando un escenario de incertidumbre legal. Se plantea la pregunta sobre quién definirá la aplicación de la ley, si jueces individuales, cámaras o la Corte Suprema.
Además, se mencionó la preocupación por la existencia de menores de 11 y 12 años con acceso a drogas y armas en los barrios, lo que sugiere que la baja de la edad de punibilidad a 14 años podría ser insuficiente. También se señaló que la ley podría generar conflictos con casos de menores condenados a penas mayores a 15 años, quienes podrían solicitar la liberación basándose en el principio de la ley más benigna.