El gobierno de la provincia de Buenos Aires lamentó la decisión judicial de suspender la ley penal juvenil, calificándola de "inaceptable" ante el aumento de delitos cometidos por menores.
Se argumenta que la ley es una herramienta indispensable para abordar la problemática de la delincuencia juvenil y que su postergación agrava la situación.
La postura del gobierno provincial choca con la de la jueza que suspendió la ley, generando un conflicto de poderes y un debate sobre las estrategias de seguridad y justicia.