Se reitera la crítica hacia una jueza que, según se expone, renunció para continuar cobrando su sueldo a pesar de estar bajo investigación. Se cuestiona la legitimidad de este accionar y se califica la situación como indignante.
Se plantea que esta práctica, de ser cierta, evidencia un problema estructural en el sistema judicial, donde las renuncias estratégicas permiten mantener beneficios económicos sin asumir responsabilidades por posibles faltas cometidas. La indignación surge de la percepción de impunidad y del manejo discrecional de los fondos públicos.