La falta de infraestructura fue un punto central durante el debate legislativo de la ley penal juvenil, ya que implicaba la inclusión de un mayor número de menores en las instituciones.
Se reconoce la existencia de un problema de infraestructura claro, pero se cuestiona la lentitud de las provincias para adecuarla.
La provincia de Buenos Aires, en particular, enfrenta desafíos para cumplir con los objetivos de la ley.