Se profundiza en el fallo de la jueza Marta Pascual sobre el régimen penal juvenil, destacando su advertencia lógica y sólida sobre la necesidad de pausar la implementación.
La jueza enfatiza que no se trata de invalidar la ley, sino de suspender su aplicación hasta que se garanticen las condiciones mínimas para los adolescentes detenidos. Señala que no respetar estos derechos tiene consecuencias futuras no deseadas para la sociedad, ya que el encierro en condiciones precarias incrementa los niveles de violencia.
Se menciona que la jueza se hace cargo de su decisión, lo cual no es habitual en la magistratura, y que su postura está respaldada por defensores de menores que coinciden en la inaplicabilidad de la ley en las condiciones actuales.